“En el día de la fecha, personal policial de la Sub DDI Tandil, luego de haber realizado diversas tareas investigativas, procedió a realizar allanamiento en el domicilio de calle Maipú al 1600 en el marco del Procedimiento Penal caratulado estafa, con intervención de la UFI 20  a cargo del fiscal Cristian Citterio y del Juzgado de Garantías 2 de Tandil a cargo de Juan José Suárez, lugar donde procedió a la detención de Marcos Gabriel Carrillo”, rezó el parte policial que ayer la policía difundió acerca de la investigación contra el citado por la venta de entradas truchas a cientos de vecinos que lo habían contactado para un partido de la Selección de fútbol. 

Como oportunamente se informó, la investigación se inició a raíz de varias denuncias de tandilenses que en marzo de 2023 habían comprado entradas para ver a la Selección de Fútbol Argentina contra Panamá. Así las cosas y una vez llegada la fecha del partido de fútbol, al llegar estás personas a la cancha de River Plate, constataron que dichas entradas eran apócrifas, tratándose todo de una millonaria estafa.

Tal se detalló en estas páginas en ediciones pasadas, la denuncia formal fue presentada por el abogado Paolo Lamoure que a priori recayó en la UFI  8 de Tandil, pero que a la postre el expediente recayó en una fiscalía de Alvear dado que todos los funcionarios judiciales locales se excusaron de intervenir. 

El letrado señalado fue uno de los damnificados por las entradas falsas vendidas por Marcos Carrillo para ingresar al estadio Monumental, cuando la selección Argentina enfrentó a Panamá. 

“Vengo por medio del presente a impetrar formal denuncia contra Marcos Gabriel Carrillo,  por la comisión de delito de acción pública (art. 71 del Código Penal). La calificación legal que corresponde endilgar prima facie a los hechos que a continuación se detallarán es la prevista en las construcciones típicas de los arts. 292, 296, 172 del C.P”, se presenta como objeto la presentación en la mesa de entrada virtual del ministerio público. 

A la hora de describir los hechos, la denuncia señalaba que “Marcos Gabriel Carrillo a través de distintos medios (Instagram mediante la cuenta @desdelacunatandil y/o su celular (---) ofreció y vendió entradas apócrifas para el partido de Argentina contra Panamá que se realizó el 23 de marzo de 2023”. 

Asimismo, se añadió e que “como surge de la profusa prueba que se acompaña en esta denuncia y la que se aportará a lo largo de la investigación, en las conversaciones de Whatsapp mantenidas en los grupos donde daba información a los compradores (hoy víctimas), Carrillo de manera dolosa y clara, expresaba que las entradas que él vendía eran personalizadas (con el nombre y DNI de cada comprador). En uno de los audios que se aportan con la presente denuncia, Carrillo expresa al grupo de Whatsapp conformado por los interesados en adquirir las entradas: “Se consiguieron las entradas… las entradas son personalizadas, son con un QR, con nombre y apellido y documento… Créanme que es lo más seguro que va a haber porque sé de donde vienen, de donde salieron…”. 

A los efectos de realizar las acciones típicas endilgadas, Carrillo “mediante ardid afirmaba vender entradas personalizadas y legítimas, cuando en realidad las mismas eran apócrifas. Las entradas recién fueron entregadas por Carrillo el 23 de marzo, en la terminal de ómnibus de la ciudad de Tandil, momentos antes de que cada uno de los compradores subiera a los micros que el denunciado había contratado para el traslado”. 

Según el letrado, los delitos acriminados se consumaron en la ciudad de Tandil, pues los pagos exigidos por Carrillo (que se efectuaron en efectivo, de manera personal en el domicilio de Carrillo y/o mediante transferencias bancarias a cuentas de su titularidad) debieron ser realizados en su totalidad para que él entregase las entradas. “En todos los casos los desplazamientos patrimoniales obtenidos mediante las conductas defraudatorias realizadas por Carrillo fueron consumados en la ciudad de Tandil y en forma previa al viaje a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En total, por cada entrada y el traslado, Carrillo cobraba la suma de pesos setenta mil (70.000)”. 

Al momento de llegar al estadio “Mas Monumental” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al arribar al primer control de acceso cuando se escanearon los tickets vendidos y entregados por Carrillo, en algunos casos salía la leyenda “inexistente” en otros “No válido”. Cuando los distintos damnificados comentaron esta situación a Carrillo, él aducía problemas en el sistema, que era error de los compradores por ir en grupos de a 20, “todo menos reconocer que los tickets eran truchos”. 

A la vez se acotó que “si bien, en varias oportunidades dijo que él se iba a acercar al control de acceso para poder solucionar el tema, ello nunca acaeció”. 

En la denuncia del abogado se detalló que “a algunos compradores el personal de control de accesos les fue reteniendo las entradas, a otros se las rompió y otros como en mi caso, nos fue posible conservar la entrada íntegra que se ofrece para ser peritada y aportada a la presente investigación”. 

En otro de las párrafos se describió sobre la escena que “se empezó a agolpar una gran cantidad de gente damnificada por Carrillo, de Tandil salieron 4 ómnibus, al menos con un aproximado de 260 personas. Allí Carrillo enviaba audios y mensajes a través del grupo de whatsapp pidiendo que se aguardara que se liberaran los molinetes (lo que revelaba claramente que él conocía que las entradas eran apócrifas)”. 

“Cómo la mayoría habíamos ido con niños, mujeres –sigue la denuncia-  y al empezar a ver que empezaban a acercarse los grupos anti disturbios es que optamos por retirarnos del lugar. Allí Carrillo nuevamente se desentendió de coordinar el regreso en los ómnibus que había contratado por lo que quedamos varados varias horas hasta que entre todos los damnificados logramos organizarnos y reunirnos en un lugar para llamar a los conductores de los vehículos quienes nos vinieron a buscar”. 

Otro detalle que se conoció a partir de esta presentación fue que “al conversar entre los damnificados, nos dimos cuenta que muchas entradas tenían el mismo número de serie por lo que para Carrillo era muy fácil de advertir que las mismas eran mellizas. Además, ninguna de las entradas –que él recién entrego segundos antes de subir al colectivo- se encontraba personalizada como él decía al momento de venderlas. Ninguna poseía datos de los compradores, al escanear los códigos QR contenidos en las mismas salían números aleatorios, pero nada que tuviera que ver con el evento que supuestamente se había adquirido”. 

Por razones de celeridad a la hora de presentar la denuncia, el letrado resumió de la manera más acotada posible ofreciéndose para ampliar dicha exposición. Asimismo, se ofreció en planilla que se adjuntó, el listado de aquellos damnificados que hasta el momento se han podido recabar. Todos estuvieron  dispuestos a declarar y aportar aquellos elementos de prueba que acreditan los hechos denunciados.

La causa en Alvear

Tras la masiva excusación de los fiscales tandilenses, desde Azul se resolvió que el expediente por la denuncia de estafas contra Marcos Carrillo, quede en manos de la UFI 20 de General Alvear, a cargo del agente fiscal Cristian Roberto Cittero. 

Como oportunamente se informó, tras confirmarse el listado de damnificados por la maniobra defraudatoria en la venta de tickets para el partido del seleccionado nacional, el fiscal que encabezó la instrucción hasta aquí, como sus pares de las otro cuatro UFI, pidieron apartarse del expediente para mantener el principio de objetividad. Los funcionarios reconocieron tener relaciones con parte de los vecinos que se presentaron como víctimas. 

Precisamente, las razones esgrimidas para la excusación de los funcionarios judiciales locales versaron sobre relaciones personales que tenían con alguno de los tantos damnificados presentados en el expediente. Amigos, padres de amigos de los hijos, formaron parte de los componentes que argumentaron los agentes, situaciones que pondrían en riesgo la objetividad que el Ministerio Público debe contar a la hora de encabezar una pesquisa. 

Respecto a las últimas diligencias que sí había realizado el fiscal Borean antes de excusarse, a propósito del allanamiento en la casa del acusado y el secuestro de celulares y computadoras, allí se tuvo en cuenta la necesidad de tener celeridad en la pesquisa en procura de no perder prueba que podrá resultar clave para la instrucción, considerando que incluso ya se había “perdido” tiempo habida cuenta que la maniobra fraudulenta empezó a ocurrir a principios de marzo y recién la denuncia se hizo a las horas de detectarse en las puertas del estadio que los tickets eran truchos.

Como se informó, por orden del Juzgado de Garantías 2, la DDI realizó un allanamiento en la casa de Marcos Carrillo, el hasta aquí único imputado por la venta de entradas apócrifas para el partido de la selección en el Monumental, maniobra por la que resultaron víctimas más de dos centenares de vecinos.

A partir de la denuncia formal en la fiscalía por parte del letrado –también damnificado- Paolo Lamoure, el fiscal solicitó una serie de medidas las cuales fueron analizadas y respondidas por la jueza de Garantías, Stella Maris Aracil. 

Consecuentemente, se avaló las diligencias que redundaron en un allanamiento en la propiedad del acusado, quien fue notificado de la causa en curso y aceptó el ingreso del personal de la DDI para la consiguiente consigna, que versó sobre la requisa en su casa, recogimiento de elementos de interés para la pesquisa.   

A más precisiones, por lo que trascendió de la diligencia, los efectivos secuestraron celulares, CPU con memorias y el registro del auto del imputado. 

Del avance de la causa se conoció que el expediente fue desdoblado en dos instancias, la ordinaria (provincial) y la federal. 

De acuerdo a lo que se confió, el delito de estafa y uso de documento falso quedó en manos del fiscal citado con sede en Alvear, en tanto que el eventual delito de asociación ilícita por las entradas apócrifas (que tendría más involucrados además del tandilense) pasó al fuero federal. 

Ayer, la Justicia tomó intervención por la denuncia presentada por un hombre que dijo ser testigo de presuntos abusos que sufrió una mujer que se encontraba alojada en un geriátrico de la ciudad. 

El testimonio del denunciante vino acompañado de videos que el propio testigo logró capturar cuando el hombre señalado realizaba como mínimo conductas inapropiadas que llevarían a especular con abusos sexuales contra una mujer de avanzada edad que se encontraba postrada en una cama ortopédica del geriátrico ubicado en calle Chacabuco al 200. 

El hogar de residencia Los Cedros, habilitado por Provincia, ayer fue allanado por disposición judicial, procedimiento que procuró recopilar pruebas tendientes a acreditar los dichos del denunciante. 

Por el caso intervinieron distintas áreas municipales, principalmente en el área de Desarrollo Humano, más precisamente el área de Discapacidad, donde se recepcionó primigeniamente la acusación y se acompañó al denunciante a declarar en la sede judicial, desde donde más luego se motorizaron las acciones de una investigación que recién comienza pero que permitió recopilar información importante que acreditarían los dichos imputables. 

De lo que trascendió de la pesquisa en cabeza del fiscal Marcos Eguzquiza, ayer se ordenaron distintas diligencias en procura de sumar elementos que permitan acreditar la denuncia recibida por un hombre que, según trascendió, era residente en el geriátrico y al advertir actitudes sospechosas del hombre señalado, decidió aguardar que perpetrara el dudoso accionar y lo grabó, imágenes que quedaron en poder de la fiscalía y que permitirían considerar la conducta del imputado como plausibles de reproches penales.

Según se confió, desde el área municipal también se aportó la presencia de un médico, quien realizó un diagnóstico tanto de la víctima como del resto de los internos (seis), para corroborar el estado de su salud y sobre la posibilidad de determinar algún acto abusivo padecido. 

Se consignó sobre la víctima, que se trata de una mujer de avanzada de edad, que se encuentra inmovilizada por una discapacidad física, en una cama ortopédica.

Sobre los actos abusivos, se especula a través de los dichos y las filmaciones que el denunciante pudo realizar, que el agresor aprovechaba cuando la dueña del lugar se retiraba para realizar el aberrante accionar.

Sobre el imputado, se trata de hombre mayor de 74 años, pareja de la responsable del Hogar, quien oficiaba como colaborador del geriátrico en tareas que hacen a la limpieza o menú del lugar.  

La Justicia dispuso la exclusión del geriátrico como la restricción de acercamiento, hasta tanto se sustancia y avanza de la investigación y eventual imputación penal contra el señalado. 

Participación del Municipio

Tras la presentación de la denuncia, desde el Municipio acompañaron el accionar de la Justicia a lo largo de la jornada a través de la presencia de personal de áreas como la Dirección de Discapacidad y Adultos Mayores, de Bromatología, Habilitaciones e Inspección General y del Sistema Integrado de Salud.

En ese sentido, según informaron fuentes consultadas, se comunicaron con los familiares de la residente y se ordenó su traslado al Hospital Municipal “Ramón Santamarina” debido a los cuidados que requiere por su condición de salud.

Asimismo, mantuvieron un diálogo con los familiares de seis residentes con el propósito de notificarles lo ocurrido. Incluso, informaron que una mujer se acercó a retirar a su madre al tomar conocimiento sobre la situación denunciada.

Asimismo, señalaron que uno de los residentes no cuenta con red afectiva, por lo que tomaron contacto con otra residencia de adultos mayores para concretar su traslado, que se hizo efectivo durante el trascurso de la jornada.

Finalmente, desde el Municipio indicaron a este Diario que informaron a la Provincia sobre lo sucedido en la residencia.

Tal se informa en estas páginas, el Gobierno anunció la puesta en marcha de la colocación de contenedores para atender la demanda vecinal de ubicar los residuos domiciliarios, en medio de un dilatado conflicto con los recolectores municipales y el escaso margen de acción del servicio de emergencia contratado por la empresa Malvinas, cuya erogación aguarda por precisiones. 

El anuncio fue publicado rápidamente en las redes oficiales del Ejecutivo y en los medios de la ciudad, en procura de traer una provisoria solución a la caótica situación que impera en las calles. Sin embargo, lo informado no se condijo con la realidad, provocando un incremento del hastío y enojo ciudadano para con una escenografía insostenible en el corto aliento.

En efecto, las calles siguen copadas de basura y no hubo paliativo que alcance hasta el momento. Si algo le faltaba al vecino, al que le pidieron paciencia primero, para guardar los residuos en sus domicilios;  colaboración después, para trasladarse al Relleno Sanitario y los Puntos Limpios, ayer se topó con la improvisación en su máxima expresión: los contenedores anunciados para ayer en su gran mayoría no estaban donde dijeron que iban a estar. Y, en otros tantos casos, incluso se generaron tensiones vecinales porque querían depositar sus bolsas de basura en contenedores privados que habían contratado un frentista para su propiedad. 

Todo un combo perfecto para que la virulencia callejera fuera en aumento, como las mismas quejas, reclamos, que se escucharon en las líneas telefónicas del Municipio y sus funcionarios, como en las redacciones de los medios también, quejándose, avisando, que nada de lo que se había prometido se estaba cumpliendo. 

Consultados funcionarios del Gabinete se limitaron a responder que sucedieron “problemas de logística” (SIC), y en algunos casos las bateas que se habían colocado se llenaron en cuestión de minutos y fueron llevados. 

La lacónica explicación que buscó aclarar el bochornoso panorama siguió con encontrar razones en el desborde que por estas horas se padece con los residuos que el vecino deja en la calle, lo que implicó que se fuera “demorando el recambio”.

“La acumulación hace que los contenedores duren 45 minutos vacíos”, insistió un funcionario atento al problema denunciado por frentistas de distintos puntos de la ciudad, agregando que para la media noche “estarán todos colocados”.

Apremiados por un conflicto laboral de difícil salida en la finalización del año, en vísperas de las Fiestas, el Ejecutivo apuró una comunicación errática y poco eficaz que provocó más confusión y caos de lo que se venía padeciendo, ensayando remedios hasta aquí poco saludables a la de por sí convulsionada convivencia ciudadana, a sabiendas que se trata apenas de paliativos para salir de la emergencia, sin el tratamiento acertado para una enfermedad que parece no tener cura, acerca del recurrente conflicto con los recolectores municipales, hoy sensiblemente estirado en tiempo. 

 “Quedate quieto porque los mato”, le dijo el agresor al niño de cinco años que se interpuso por su mamá. El extracto se corresponde a lo volcado en el expediente judicial que se sustancia en la fiscalía temática de violencia de género que en la edición de ayer este Diario ventiló. 

La investigación prosiguió ayer en procura de contar con la ratificación de la denuncia que hiciera la víctima con residencia en María Ignacia (Vela), instancia que efectivamente sucedió y permitió a los operadores judiciales avanzar con mayor severidad frente al señalado de las agresiones, quien ya contaba con varias restricciones de acercamiento en su haber y, de hecho, tenía fecha de juicio por los sucesos antecesores para diciembre de 2025, según fijó el juzgado local. 

Como se informó, cuando los velenses despedían con satisfacción la nueva edición de la fiesta del Dulce de Leche, los humores festivos se mutaron a la congoja y alerta, frente a un episodio de violencia doméstica que se reportó en una de las casas de la localidad rural, que mereció la intervención policial.

El grave suceso puertas adentro pero que no pocos vecinos alertaron a oídas, se registró en la tarde noche de lunes, en un contexto de violencia de género. 

En medio de las agresiones recibidas, la víctima pudo pedir el auxilio de los policías del Destacamento de Vela, quienes lograron rescatar a la mujer y sus dos hijos menores de edad (uno de ellos también habría sido sometido a agresiones), mientras que el sujeto violento huyó de la escena.

Con el correr de las horas y el testimonio de la mujer que logró ser contenida por los resortes estatales que imperan en el protocolo de seguridad, se sustanció con mayores precisiones sobre la denuncia de la víctima y así el ministerio público pidió la detención del señalado, identificado como Franco Piere. 

El nombrado fue apresado por una comisión policial ayer en Vela, donde reside, bajo la consigna del Juzgado de Garantías 2, quien le endilgó el delito tipificado por el fiscal Guillermo Vaticano como “lesiones agravadas por género, violación de domicilio y daño”.

El detenido quedó alojado en los calabozos de la Seccional Primera, donde hoy por la mañana será trasladado a la sede judicial, donde será sometido a la audiencia 308 (declaración indagatoria) en la que se le notificará sobre el delito que se lo acusa y bajo la defensa podrá optar por prestar declaración o no. 

Tal se detalló, de lo que trascendió del caso, no fue  la primera de las agresiones ni la única intervención policial y judicial que interviene en la relación, en la que la víctima denunció en varias oportunidades al agresor y merecieron restricciones de acercamiento consecutivamente por el magistrado interviniente. De hecho, el suceso de este fin de semana sería el cuarto de los que protagonizó el victimario con la misma víctima, motivo por el cual ya se elevaron a juicio tres causas por violencia de género que aguardan por su juicio, a celebrarse recién en diciembre de 2025 (el calendario de los juzgados están atiborrados de expedientes y juicios pendientes).

En el mientras tanto, el violento mantiene el mismo modus operandi: aguarda por la finitud de la restricción impuesta por el Juzgado de Garantías y vuelve sobre sus pasos, más bien sobre sus agresiones, verbales y físicas para con la mujer y, en el último episodio, incluso con uno de los niños de cinco años que se interpuso en la pelea.

Al decir de la denuncia ahora –ayer- ratificada en sede judicial, el hombre irrumpió en la casa que compartían con la mujer, rompiendo la puerta de ingreso a patadas y luego entró en una virulenta discusión con la mujer hasta que llegaron los forcejeos e incluso agresiones físicas. En el medio, el sujeto le habría sacado el teléfono celular, impidiendo que la víctima pudiera pedir socorro. 

En medio de la fuerte situación, se habría despertado uno de los hijos de la mujer, quien se interpuso en las agresiones, a lo cual el hombre lo habría tomado del cuello e increpado: “quédate quieto porque los voy a matar”. 

En dicho instante, la mujer pudo recuperar su celular y alertar a la policía sobre lo que estaban padeciendo. Una vez activada la alerta, la policía se acercó al domicilio y el agresor ya se había dado a la figa, dejando los rastros de la violenta escena en los mobiliario y demás elementos de la propiedad, además del rostro de las víctimas sobre la angustia de lo vivido, una vez más. 

Se confió que por estas horas se aplicaron todos los resortes del protocolo en materia de violencia de género, con la contención psicológica de la víctima y sus hijos, hasta tanto la justicia se expida sobre el grave suceso sufrido. 

En medio de celebraciones populares extendidas a lo largo y a lo ancho de las localidades rurales del partido de Tandil, un grave suceso violento en un domicilio trastocó el clima festivo y conmovió a los vecinos, que alertaron sobre la presencia policial que evitó que las agresiones terminen en una tragedia.

A pesar de estricto hermetismo policial con el objetivo de preservar a la mujer y no revictimizarla, este Diario pudo confirmar que efectivamente un gravísimo episodio se registró en la tarde noche de lunes en una vivienda de María Ignacia –Vela-, en un contexto de violencia de género. 

En medio de las agresiones recibidas, la víctima pudo pedir el auxilio de los policías del Destacamento de Vela, quienes lograron rescatar a la mujer y sus dos hijos menores de edad (uno de ellos también habría sido sometido a agresiones), mientras que el sujeto violento huyó de la escena.

Finalmente, este miercoles se detuvo al presunto autor del hecho, identificado como Franco Priore, a quien se le inició una causa por “Lesiones leves agravadas por género, amenazas, violación de domicilio y daño”. 

Priore será trasladado a la comisaría Primera de Tandil, donde deberá prestar declaración indagatoria. 

De lo que trascendió del caso, no fue  la primera de las agresiones ni la única intervención policial y judicial que interviene en la relación, en la que la víctima denunció en varias oportunidades al agresor y merecieron restricciones de acercamiento consecutivamente por el magistrado interviniente. De hecho, el suceso de este fin de semana sería el cuarto de los que protagonizó el Priore con la misma víctima, motivo por el cual ya se elevaron a juicio tres causas por violencia de género que aguardan por su juicio, a celebrarse recién en diciembre de 2025 (el calendario de los juzgados están atiborrados de expedientes y juicios pendientes).

En el mientras tanto, el violento mantiene el mismo modus operandi: aguarda por la finitud de la restricción impuesta por el Juzgado de Garantías y vuelve sobre sus pasos, más bien sobre sus agresiones, verbales y físicas para con la mujer y, en el último episodio, incluso con uno de los niños de cinco años que se interpuso en la pelea.

Al decir de la denuncia que deberá ser ratificada en las próximas horas en sede judicial  y, desde allí, podría desprenderse alguna medida más efectiva sobre la restricción para con el imputado, el hombre irrumpió en la casa que compartían con la mujer, rompiendo la puerta de ingreso a patadas y luego entró en una virulenta discusión con la mujer hasta que llegaron los forcejeos e incluso agresiones físicas. En el medio, Priore le habría sacado el teléfono celular, impidiendo que la víctima pudiera pedir socorro. 

En medio de la fuerte situación, se habría despertado uno de los hijos de la mujer, quien se interpuso en las agresiones, a lo cual el hombre lo habría tomado del cuello e increpado: “quédate quieto porque los voy a matar”. 

En dicho instante, la mujer pudo recuperar su celular y alertar a la policía sobre lo que estaban padeciendo. Una vez activada la alerta, la policía se acercó al domicilio y el agresor ya se había dado a la fuga, dejando los rastros de la violenta escena en los mobiliarios y demás elementos de la propiedad, además del rostro de las víctimas sobre la angustia de lo vivido, una vez más. 

Se confió que por estas horas se aplicaron todos los resortes del protocolo en materia de violencia de género, con la contención psicológica de la víctima y sus hijos, hasta tanto la justicia se expida sobre el grave suceso sufrido. 

Tras la confirmación del hallazgo del cuerpo sin vida de César Miguel Cárdenas en las aguas del Riachuelo, persisten los interrogantes sobre las circunstancias que rodearon su deceso como así también sus días previos en la estadía en Buenos Aires, mientras su familia y amigos, como la Policía, intentaban rastrear su paradero.

En medio del dolor y la congoja por el trágico desenlace, su madre, María del Carmen Salmerón de Cárdenas, habló con este Diario y confió que aún persisten sensibles dudas sobre lo que padeció Miguel, tanto en las causales de su muerte como así también sobre sus días en Buenos Aires, las detenciones de la policía, sus traslados a centros asistenciales y un sinfín de situaciones que aún no hallan respuestas. 

Ya en Tandil, María del Carmen permanece encerrada en su casa al aguardo de una comunicación telefónica, una notificación judicial, que le permita digerir la información que consta en el expediente y así, poder esclarecer lo que le sucedió a Miguel.

De hecho, en medio de su desgarrador dolor por la pérdida de su hijo, se topó con la frustración de ni siquiera poder reconocer el cuerpo de su hijo y mucho menos traerlo para su ciudad natal.

En efecto, tal se detalló en ediciones pasadas, una comisión policial trasladó a la madre el pasado miércoles  para que pudiera reconocer el cuerpo de su hijo, el cual ya había sido identificado por la Justicia. Empero, desde la misma fiscalía en lo Criminal y Correccional 52, se le indicó que el cadáver no estaba para su reconocimiento ya que se había ordenado profundizar la autopsia, al considerar que el informe preliminar de los médicos forenses requería de otras información que, al decir de los funcionarios judiciales, no estaban completos los informes, según le transmitieron a la propia madre. 

“Me vine con las manos vacías”, confió la mujer presa de su profunda angustia pero con la fortaleza de perseguir la verdad sobre lo que ocurrió con su hijo, especialmente sobre el accionar en el Hospital Argerich, donde al decir de la información que ella misma pudo reconstruir, Miguel habría sido traslado en tres oportunidades por las fuerzas policiales. 

 “Nos hicieron ir a Buenos Aires a reconocer el cuerpo de mi hijo y cuando llegamos estuvimos todo el día esperando. A la tarde nos avisaron que no podía reconocer el cuerpo de mi hijo y tampoco lo podía traer porque no estaba completa la autopsia”, reseño la mamá.

De acuerdo a su relato, desde la fiscalía se habría ordenado un informe más sobre la autopsia porque se trataría de “un caso raro” debido a las circunstancias en las que desapareció el estudiante de abogacía.

“Nos tuvimos que volver a Tandil con la angustia, el horror y las manos vacías. Me parece bien que haya una fiscal que se preocupe y que quiera llegar a fondo, pero no me parece bien que nos hicieron ir con toda la angustia que tenemos y el agotamiento psíquico y físico”, se quejó María del Carmen.

La mujer puso especial interés en desmentir algunos de los trascendidos que surgieron sobre los días previos a la muerte de Miguel, sobre lo cual aún tampoco se pudo determinar la data del deceso.

Aclaró que su hijo no tuvo ningún ataque de epilepsia como tampoco brote psicótico, y de lo que se desprende de las averiguaciones que ellos mismos hicieron, por causas aún no esclarecidas tampoco él andaba “sin rumbo, habiendo perdido la memoria, en estado de confusión”, sospechando del golpe en la cabeza que sí se le constató.

Al decir de la madre, el joven habría recibido una golpiza, aunque no se sabe aún en qué contexto, por lo cual también se aguarda información de las imágenes de las cámaras de seguridad que se ubicarían en el periplo que habría realizado Miguel, sobre quien, consta en la investigación, fue demorado y detenido por la policía en al menos tres oportunidades y luego llevado al centro asistencial.

María del Carmen detalló que uno de las detenciones se dio en Puerto Madero, en la zona del Puente de la Mujer, donde la policía lo habría visto golpeado y en un estado de confusión que mereció incluso llevarlo al hospital Borda, especulándose que estaba en un estado psíquico que requería atención especializada. Empero, de allí fue trasladado al Argerich, lo cual volvería en dos oportunidades más, hasta que en la última se fugó, sin más. 

 “Tenía traumatismo encéfalo craneal y derrame, pero tendremos más certezas con la autopsia”, adelantó la mamá de la víctima y apuntó contra el centro de salud donde lo atendieron: “El hospital tendrá que explicar por qué tuvo tres ingresos y lo dejaron ir. Tampoco avisaron a la familia pudiendo hacerlo. No hicieron las cosas bien”, consideró a partir de lo que rezaría el protocolo activo bajo estas circunstancias de búsqueda de paradero.

Otra de las desmentidas que la mujer se encargó de enfatizar fue sobre la posibilidad de que un testigo haya observado cuando se lanzaba a las aguas del Riachuelo. 

Al decir de la mamá, desde la fiscalía desmintieron esa versión, alegando que se habría tratado de una confusión puesto que efectivamente hubo una testigo que vio a una persona tirarse al río, pero sería otro sujeto, no su hijo. 

“Estoy destruida, me siento impotente e indignada”, dijo una madre que aguarda por respuestas que le den algo de alivio ante tanto dolor.

Tal se detalló, se confirmó el deceso de César Miguel Cárdenas el pasado martes por la tarde, tras ser hallado sin vida en el Riachuelo, en la zona del barrio de La Boca,  el viernes a media mañana, por personal de Gendarmería.  

Cárdenas se había ido de Tandil el pasado 14 de octubre para rendir los dos últimos finales en la Facultad de Derecho de Lomas de Zamora, y sobre el que se desconocía su paradero. De acuerdo a la primera reconstrucción sobre su estadía, la policía lo halló deambulando, confundido en la vía pública, sin siquiera lograr poder identificarse frente a los uniformados y de allí su traslado a la dependencia policial primero (la comisaría Primera D de Puerto Madero) y a los centros asistenciales citados después.